La presente obra tiene por objeto el comentario de los artículos de la Ley de Sociedades de Capital, relativos a la ordenación de la Junta General y del órgano de administración, que han sido modificados por la reciente Ley 31/2014 de 3 de diciembre, de reforma de la ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo. Se centra en las normas comunes a todas las sociedades de capital, con excepción de las especiales sobre cotizadas. La ley afecta de manera muy significativa a todas estas sociedades, lo que equivale a decir que afecta a la mayor parte de las sociedades españolas con actividad pública. Los artículos que se comentan en este libro han de ser ineludiblemente tenidos en cuenta por quienes operan en el tráfico mercantil actual, porque en su mayor parte inciden sobre dichas sociedades sin distinción de tipos o modalidades y, en algún caso, específicamente sobre las sociedades anónimas, estén o no admitidas a cotización. La reforma atañe a los órganos de la sociedad, junta general y órgano de administración. La renovada distribución de competencias entre ellos, el régimen de algunos derechos de socio, la remuneración de los administradores, sus deberes y su responsabilidad, constituyen materias que afectan a la tarea diaria del aplicador del Derecho, sea en el asesoramiento a las sociedades, sea en la solución de los conflictos suscitados por su aplicación en vía judicial o arbitral. El comentario ha sido redactado por un reducido grupo de catedráticos de Derecho mercantil, con amplia experiencia en la aplicación profesional del Derecho de sociedades.

La prevención de riesgos laborales está en un proceso de cambio y consolidación, por eso, elementos como el propio modelo de negocio en revisión, un mercado distorsionado o la devaluación del servicio, han creado condiciones para que las tendencias sectoriales, el análisis especializado de la situación y la información técnica y legislativa actualizadas sean factores estratégicos.
Sobre un diseño de ?visión global?, la información estructurada que ofrece la obra constituye una valiosa referencia tanto a las instituciones como a las empresas y profesionales que operan en el sector.
Además este Anuario se convierte en una herramienta de búsqueda de información útil para la operativa diaria del prevencionista.

España y Portugal comparten un largo pasado en común, lleno de alejamientos y aproximaciones. A lo largo de la época contemporánea, en su vida política pueden encontrarse muchas características similares y también diferencias importantes. Este libro profundiza en el análisis de esas semejanzas y divergencias a través del estudio de una etapa crucial en ambas historias nacionales: el medio siglo que transcurrió entre el asentamiento de instituciones liberales estables, en los años setenta del siglo XIX, y el abrupto derribo de los regímenes constitucionales en la tercera década del XX. En ambos países, la consolidación inicial de un sistema representativo, basado en el pacto y en el fraude, se vio trastornada por múltiples conflictos, que en el caso portugués desembocaron en el cambio de la forma de gobierno en 1910. A uno y otro lado de la frontera se frustró el tránsito del liberalismo a la democracia. Un grupo de destacados historiadores y politólogos portugueses y españoles desentraña diversas vertientes del parlamentarismo ibérico en este periodo. En primer lugar, las normas y comportamientos electorales y las formas de reclutamiento parlamentario. En segundo término, las propias funciones de las cámaras, su actividad legislativa y su capacidad de derribar gobiernos, relacionadas con las imágenes de los respectivos parlamentos que transmitían la literatura y la prensa. Y, por último, la memoria del constitucionalismo liberal, zaherida por las dictaduras y sólo recuperada con las transiciones democráticas. En conjunto, los ensayos reunidos en esta obra muestran la gran utilidad de las perspectivas comparadas, o al menos de un diálogo constante entre especialistas, a la hora de aproximarse con rigor académico a la historia de España y Portugal.

La evolución actual de la seguridad privada en una sociedad sometida a riesgos diversos es, sin duda, una evolución en términos cuantitativos y, finalmente, cualitativos. Por decirlo en otros términos, hay más seguridad privada y adicionalmente, hace más cosas y desarrolla más actividades que no pueden ser realizadas por la seguridad pública convencional.
Se produce en este punto una transito entre las necesidades derivadas de nuevos riesgos y la posibilidad de su cobertura por medios tradicional ligados a la seguridad pública. Este transito es el que justifica que el legislador haya optado por la reforma del marco jurídico de la seguridad privada que se realiza con la publicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.
La nueva Ley trata, por tanto, de dar cobertura al cambio funcional que se ha producido en los últimos años y adaptar el régimen jurídico de la actuación de los profesionales y de las empresas que dedican a esta actividad al nuevo marco funcional y a las eventuales exigencias que se han ido produciendo en el ámbito europeo.Es cierto que la concepción final de la seguridad privada como una parte de la seguridad pública efectuada por quienes tienen la condición de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado pero no tienen tal condición constituye un elemento central de la explicación del modelo y, lo que parece más importante, de las bases para un modelo estable, efectuado sobre el mismo esquema.
Ciertamente esta concepción es tributaria de la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ubicación conceptual de la seguridad privada como un subproducto de una matriz más grande conformada en el entorno de la seguridad pública. Esta ubicación es ciertamente relevante porque sitúa las pautas de actuación y las reglas de comportamiento de los agentes en un entorno específico y con unas características delimitadas más allá de que sea el agente público o privado el que actúe en el cumplimiento de la respectiva función.
En este marco se configura una Ley en la que el título Preliminar se refiere a las disposiciones generales aplicables al conjunto de actuación de los fenómenos de seguridad privada, incluyendo la referencia a las Administraciones de tutela y las funciones de coordinación, el título Segundo se refiere específicamente a las empresas de seguridad privada, el título Tercero, al personal de seguridad privada, el Título IV, a los servicios y medidas de seguridad,
el Título V al control administrativo
y el Título VI al régimen sancionador.
El análisis de esta regulación se ha agrupado en capítulos que contiene referencias comunes y materiales sobre los grandes aspectos de la reforma y de la nueva regulación huyendo del análisis artículo por artículo para dotar al Comentario de una visión global que se juzga más interesante en función de su propia concepción y utilidad para un trabajo que trata de establecer las líneas generales de un nuevo modelo.

La evolución actual de la seguridad privada en una sociedad sometida a riesgos diversos es, sin duda, una evolución en términos cuantitativos y, finalmente, cualitativos. Por decirlo en otros términos, hay más seguridad privada y adicionalmente, hace más cosas y desarrolla más actividades que no pueden ser realizadas por la seguridad pública convencional.
Se produce en este punto una transito entre las necesidades derivadas de nuevos riesgos y la posibilidad de su cobertura por medios tradicional ligados a la seguridad pública. Este transito es el que justifica que el legislador haya optado por la reforma del marco jurídico de la seguridad privada que se realiza con la publicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.
La nueva Ley trata, por tanto, de dar cobertura al cambio funcional que se ha producido en los últimos años y adaptar el régimen jurídico de la actuación de los profesionales y de las empresas que dedican a esta actividad al nuevo marco funcional y a las eventuales exigencias que se han ido produciendo en el ámbito europeo.Es cierto que la concepción final de la seguridad privada como una parte de la seguridad pública efectuada por quienes tienen la condición de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado pero no tienen tal condición constituye un elemento central de la explicación del modelo y, lo que parece más importante, de las bases para un modelo estable, efectuado sobre el mismo esquema.
Ciertamente esta concepción es tributaria de la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ubicación conceptual de la seguridad privada como un subproducto de una matriz más grande conformada en el entorno de la seguridad pública. Esta ubicación es ciertamente relevante porque sitúa las pautas de actuación y las reglas de comportamiento de los agentes en un entorno específico y con unas características delimitadas más allá de que sea el agente público o privado el que actúe en el cumplimiento de la respectiva función.
En este marco se configura una Ley en la que el título Preliminar se refiere a las disposiciones generales aplicables al conjunto de actuación de los fenómenos de seguridad privada, incluyendo la referencia a las Administraciones de tutela y las funciones de coordinación, el título Segundo se refiere específicamente a las empresas de seguridad privada, el título Tercero, al personal de seguridad privada, el Título IV, a los servicios y medidas de seguridad,
el Título V al control administrativo
y el Título VI al régimen sancionador.
El análisis de esta regulación se ha agrupado en capítulos que contiene referencias comunes y materiales sobre los grandes aspectos de la reforma y de la nueva regulación huyendo del análisis artículo por artículo para dotar al Comentario de una visión global que se juzga más interesante en función de su propia concepción y utilidad para un trabajo que trata de establecer las líneas generales de un nuevo modelo.